Dolarización y prestamista de última instancia
En las últimas semanas, la dolarización volvió a ser tema de discusión en las redes sociales y en los medios argentinos. Varios analistas contrastaron sus opiniones a favor y en contra. Entre diversas consideraciones, algunos críticos se han preocupado por la posibilidad perder al BCRA como “prestamista de última instancia”.
Vale la pena aclarar que, como explicamos en nuestro libro, una dolarización no busca reemplazar otras reformas, sino facilitarlas. Un serio programa de dolarización no puede dejar de lado, por ejemplo, una reforma fiscal que apunte a reducir el gasto público y el déficit fiscal.
En países normales esta función del banco central es importante ya que en situación de iliquidez puede proveer liquidez al mercado financiero para evitar una corrida bancaria.
Aplicado a la Argentina este argumento es problemático. Recordemos que durante la Gran Depresión en Estados Unidos los bancos quebraban de a miles a pesar de que existía la Reserva Federal, mientras que en Canadá no hubo una sola quiebra a pesar de no que no tenía banco central. Sin embargo, a pesar de los datos históricos, el argumento que una economía emergente como la argentina no debe perder a su “prestamista de última instancia” es falaz.
El primer problema es que esta argumentación supone que sólo un banco central puede actuar (al menos de manera eficiente) como prestamista de última instancia. Sin embargo, sabemos por la experiencia de otros países dolarizados que no tiene por qué ser el caso. Países dolarizados como Ecuador, El Salvador, y Panamá, ¿cómo hacen para acceder a los servicios de un prestamista de última instancia a pesar de estar dolarizados? Algunas de sus soluciones, las cual a su vez pueden ser complementarias, son:
Los bancos nacionales tienen acceso a líneas de crédito de bancos internacionales a través de una profunda integración financiera, mientras que los bancos internacionales utilizan sus casas matrices como prestamistas de última instancia. En resumen, el mercado financiero local (pequeño) tienen acceso al mercado financiero mundial (grande).
La creación de un fondo de liquidez de emergencia. Este fondo puede estar administrado por un ente estatal o por un consorcio de bancos privados. También puede acordar acceso a una línea de crédito con bancos u organismos internacionales.
Los bancos administran sus propias reservas de emergencia. Estas reservas se pueden mantener como depósitos en bancos en el exterior fuera del alcance de los reguladores locales.
Siempre existe la posibilidad de recurrir al FMI.
Hay dos diferencias importantes entre estos arreglos y banco central como prestamista de última instancia. El primero es que el banco central puede ofrecer liquidez ilimitada. Sin embargo, esto es relevante en el caso que fondos limitados sean insuficientes. Este no parece ser el caso de los países dolarizados en América Latina.
De hecho, hasta el momento ninguno de estos tres países ha tenido que hacer uso de sus fondos de liquidez de emergencia, ni siquiera durante la crisis financiera global de 2008. La segunda diferencia es que el banco central es más proclive a introducir riesgo moral que los métodos arriba mencionados. Al limitar la toma de riesgo, un prestamista de última instancia que no facilite el riesgo moral también limita la necesidad de tener un prestamista de última instancia (una especia de profecía autocumplida). Es posible que se exagere la necesidad de tener un banco central como prestamista de última instancia precisamente por facilitar el riesgo moral.
El segundo problema con este argumento es que no se puede perder lo que no se tiene. Para que un prestamista de última instancia funcione como tal, debe ser capaz de emitir la misma moneda que demanda el mercado. Si el público demanda pesos y teme una crisis bancaria, entonces retira sus depósitos y guarda los pesos (en otro banco o bajo el colchón). En este caso el banco central puede inyectar liquidez. Si en cambio el público demanda dólares, como ocurre normalmente en la Argentina, entonces el banco central no puede funcionar efectivamente como un prestamista de última instancia. En este caso el público no “corre” contra los bancos, sino contra los pesos (estén o no en los bancos). Estos pesos se utilizar para comprar bienes y servicios (aumenta la inflación) o adquirir dólares (crisis cambiaria). En este contexto, al inyectar liquidez, el BCRA aumenta el riesgo de una crisis cambiaria y, en casos extremos, una hiperinflación.
Hay que recordar también que las crisis bancarias en la Argentina, como la de 2001, se han producido por dos razones: 1) una exposición creciente a un sector público insolvente, 2) un fuerte descalce cambiario. En estas circunstancias el BCRA no puede actuar como prestamista de última instancia. Como alertaban Carlos Rodríguez y Aquiles Almansi en 1989, en la Argentina el BCRA es más bien un deudor de primera instancia. Y esa es la fuente del problema.
El BCRA no funciona efectivamente como prestamista de última instancia porque el mercado demanda dólares, no pesos. En la práctica, el prestamista de última instanciad de Argentina es el Fondo Monetario Internacional, a quien Argentina recurre cada vez que hay una crisis financiera. Más importante para la estabilidad financiera que tener acceso a un emisor, es tener acceso a la moneda que demanda el mercado.
Es posible encontrar alternativas a un banco central como prestamista de última instancia. Todo lo que se necesita es observar cómo resuelven este problema aquellas economías que han estado dolarizadas durante años sin sufrir corridas bancarias. En el caso argentino el argumento de que una dolarización implicar renunciar a la posibilidad de contar con el banco central no es un buen argumento en contra de la dolarización.