¿Cómo proteger una dolarización en Argentina? El Banco de Reservas de Argentina
El problema
En un post anterior, Emilio Ocampo explicaba que una reforma bancaria es una condición necesaria para una dolarización exitosa y que debe alcanzar los siguientes objetivos: (1) blindar los depósitos y encajes bancarios para que no puedan ser manoteados por el sistema político, (2) reducir el riesgo de corridas bancarias, y (3) expandir significativamente el crédito al sector privado, limitando la dependencia de los bancos del sector público, y reducir la influencia de los bancos estatales. Hay, por supuesto, otras reformas que Argentina necesita como corregir el crónico desequilibrio fiscal del tesoro.
Estos puntos son muy importantes. Una de las lecciones que surgen de estudiar diversas experiencias internacionales de dolarización es que el sector bancario es el punto más vulnerable de una dolarización (así lo muestra también la historia argentina). Los depósitos son la puerta de entrada que los gobiernos usan para erosionar una dolarización.1 En Argentina, alrededor 80% del dinero está en los bancos. Dejar al sistema bancario desprotegido es en definitiva dejar desprotegida a la dolarización. El problema es cómo blindar este punto de entrada en una argentina dolarizada.
Una opción es una off-shorización total de la banca comercial. Bajo este sistema, los bancos locales dejarían de operar en territorio argentino. Toda persona física o jurídica que necesite servicios bancarios deberá operar con un banco del exterior. Los argentinos tendrían acceso a bancos de primer nivel que además estarían fuera del alcance de la política argentina. Se entiende el atractivo teórico de esta propuesta, lamentablemente no es viable. La prohibición de ofrecer servicios legítimos, como lo es la banca, abriría una serie de litigios interminables al ir en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional. Permitir a extranjeros ofrecer servicios que están prohibidos en Argentina también es pasible de juicios por inconstitucionalidad, ya que implica darles derechos a extranjeros que no poseen los argentinos. Los accionistas de los bancos locales podrían enjuiciar al Estado por el lucro cesante. Además, habría necesariamente un largo período de transición. Estos problemas son, posiblemente, sólo la punta del iceberg de una off-shorización total del sistema bancario. No sería conveniente lanzar una dolarización en estas circunstancias.
Dado que es impracticable eliminar los bancos que actualmente operan en el país, es importante evitar que el gobierno pueda forzarlos o incentivarlos a financiar al sector público o apropiarse de los encajes para financiar el déficit.
La propuesta: El Banco de Reservas de Argentina
En nuestro libro proponemos una solución a este problema. En resumen, la propuesta consiste en privatizar y relocalizar en una jurisdicción segura la función de custodia de los encajes de los bancos que actualmente está en manos del BCRA. No descartamos, por supuesto, que haya otras soluciones alternativas. En Ecuador, por ejemplo, los bancos locales tienen la opción de mantener sus reservas en el exterior.
Al eliminarse el BCRA se crearía el Banco de Reservas de Argentina (BRA) localizado en un país de jurisdicción segura (por ejemplo, un país miembro de la OCDE con calificación crediticia de su deuda soberana AA o superior). El BRA estaría obligado por su estatuto a invertir las reservas en bonos AAA en dólares a un plazo no mayor a 90 días.
Los fondos del BRA pueden ser reforzados con una cuenta especial de liquidez de emergencia, con un esquema similar al que hay en Ecuador, El Salvador, y Panamá. Es decir, el BRA puede operar como prestamista de última instancia de los bancos miembros siguiendo la “Ley de Bagehot”. En este esquema se minimizaría el riesgo moral. El BRA también podría firmar acuerdos repo con la Reserva Federal de Estados Unidos o importantes entidades financieras.
Sin embargo, Ecuador muestra que es necesario un mayor nivel de protección de las reservas o encajes. Rafael Correa impuso la repatriación de encajes en el exterior y que las mismas sean depositadas en el Banco Central de Ecuador (BCE). Paso siguiente, Correa hizo que el BCE comprara títulos del gobierno con esos encajes.2 Para evitar este tipo de medidas, los fondos en el BRA estarían protegidos por una “píldora venenosa” (poison pill). Por ejemplo, si el gobierno intentase repatriar los encajes, entonces la cláusula automáticamente transfiere las reservas a un fondo de restitución de los ahorristas originales.
El accionista del BRA sería un fideicomiso cuyos beneficiarios serían los bancos privados que hoy operan en el país, dejando fuera de este esquema a bancos públicos como el Banco Nación o el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El “accionista” de los bancos públicos sería el Tesoro Nacional. De esta manera se protege la solvencia del BRA de un manejo politizado o ineficiente de los bancos públicos.
Este esquema también contribuye a realinear incentivos. La presencia del poison pill desincentiva a que el gobierno meta mano en los recursos de los bancos. También desincentiva a que los bancos tomen riesgo en exceso, dado que el fondo de liquidez sólo responderá en casos de iliquidez bancaria (no de insolvencia) a una tasa premium contra activos de buena calidad como prescribe la regla de Bagehot.
Una dolarización es como una cadena, es tan fuerte como el eslabón más débil. El eslabón más débil de una dolarización es un sistema bancario desprotegido en un país con anomia institucional. Una dolarización débil pondría en riesgo el poder avanzar en las otras reformas que Argentina necesita (fiscal, laboral, regulatoria, entre otras).