La Estabilización del Perú en los Años 90 y sus Lecciones para la Argentina
¿Es la situación actual de la Argentina comparable con la del Perú en 1990? ¿Qué lecciones puede extraer la Argentina de la estabilización que el Perú experimentó en esa época? Estas preguntas han captado la atención de especialistas y medios como The Economist[1], y ameritan una reflexión.
Similar a la situación de Javier Milei en la Argentina, cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú en julio de 1990, el país enfrentaba una inflación desenfrenada, resultado de la monetización del déficit fiscal y las pérdidas del banco central y las empresas estatales. El Estado era el principal actor en la asignación de recursos y fijación de precios, desplazando al mercado. Después de décadas de intervencionismo, nacionalismo y proteccionismo, el Estado había acumulado más obligaciones de las que podía sostener, incluyendo el servicio de la deuda pública externa, los salarios del sector público y las pensiones. La estabilización requeriría no solo la eliminación de los controles de precios y cambios, sino también recortes fiscales dolorosos.
Como Milei, Fujimori irrumpió en la política como outsider, responsabilizando a la clase política de la crisis. Su rival en la segunda vuelta electoral, el novelista Mario Vargas Llosa, cometió el error de aliarse con partidos políticos tradicionales, a pesar de ser también nuevo en el escenario político nacional. A diferencia de Vargas Llosa, quien proponía un ajuste fiscal y la liberalización de precios, Fujimori sugirió —curiosamente— reemplazar la moneda nacional con una moneda atada al dólar, y mantener el statu quo en la medida de lo posible.
Fujimori también modificó su equipo económico post elecciones, influenciado por presiones de organismos internacionales. El plan inicial adoptado por su gobierno estuvo alineado con las propuestas de Vargas Llosa. En lugar de una nueva moneda nacional, el gobierno optó por cortar la creación de dinero para financiar el déficit, unificar el mercado cambiario, permitir la flotación del dólar, legalizar los depósitos en dólares, liberalizar las tasas de interés bancarias, reducir los aranceles de importación y eliminar múltiples exenciones fiscales, además de ajustar severamente los precios controlados.
La similitud entre la Argentina y el Perú no es completa. La crisis en el Perú era más grave. La inflación mensual promedio entre junio de 1992 y julio de 1993 fue del 32.23%, frente al 8.34% de la Argentina entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. La inflación había erosionado significativamente los salarios del sector público. El país llevaba años de retraso en el servicio de la deuda pública externa; la relación tensa con la comunidad financiera internacional dificultaba la financiación de proyectos de inversión. La violencia desatada por grupos terroristas y narcotraficantes exacerbaba la crisis.
Fujimori ganó las elecciones de 1990 con el apoyo de la izquierda y el centro, lo que junto con la gravedad de la crisis y su posición ideológica inicialmente contraria a la liberalización, le dio un margen de maniobra tal vez mayor del que dispone Milei. La percepción pública fue que se adoptó un plan de ajuste fiscal radical tras considerar y evaluar las alternativas[2]. La posibilidad de un relanzamiento del crecimiento económico tras la "reinserción financiera" actuó como paliativo a los dolores de la estabilización.
La estabilización en el Perú no fue un proceso uniforme, como se evidencia en la figura arriba. En diciembre de 1990, seis meses después del cambio de gobierno, la inflación mensual alcanzó el 23.73%. Para que la estabilización fuese exitosa, no bastaba con anunciar y efectuar medidas de ajuste fiscal; hacía falta que el ajuste fuese creíble y sostenible, es decir que implicase un cambio de régimen económico. Existían buenas razones para que los agentes económicos dudasen de las intenciones del gobierno y la viabilidad del plan. Había controversias y discrepancias dentro del propio equipo de gobierno. Además, las expectativas respecto del servicio de la deuda pública, incluyendo intereses y moras adquiridas durante los años de default, pesaba en el horizonte sobre el balance fiscal. De hecho, el repunte de la inflación en diciembre de 1990 ocurrió tras la reanudación del servicio de la deuda a organismos internacionales.
Desde mi punto de vista, tres factores contribuyeron significativamente a que la estabilización de Fujimori marcara un cambio de régimen económico. Primero, el gobierno adoptó un programa radical de privatización de empresas estatales y liberalización financiera y comercial desde el nombramiento de un nuevo ministro de economía en febrero de 1991, en vez del tradicional y potencialmente efímero paquete de ajustes de precios. El desmantelamiento del estado intervencionista favoreció la recuperación del crecimiento económico e hizo más difícil la reversión de la prudencia fiscal.
Segundo, el gobierno de Fujimori renegoció la deuda externa pública en condiciones extremadamente favorables, capitalizando la buena voluntad generada por la liberalización de la economía. En septiembre de 1991 el gobierno peruano logró la cancelación de una importante mora con el BID y obtuvo préstamos sectoriales sustanciales para la reforma financiera y comercial; al mes siguiente, la inflación mensual cayó por debajo del 5% por primera vez en un lustro.
Tercero, y de suma importancia, se produjo un cambio sustancial en la opinión pública con respecto a las ventajas de la economía de mercado, la prudencia fiscal y la autonomía del banco central. En abril de 1992, Fujimori cerró ilegalmente el Congreso de la República; dos meses después convocó un congreso constituyente. La nueva constitución, votada por una ligera mayoría en un referéndum de agosto de 1993 y que sigue vigente, establece un régimen de libre competencia, en el que la actividad empresarial del estado solo puede ser subsidiaria y autorizada por ley expresa “por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.” Esta constitución también garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
Existe un debate entre especialistas sobre el rol del autogolpe de Fujimori y la nueva constitución en la estabilización en el Perú. En mi opinión, el autogolpe fue impulsado más por intereses políticos del régimen de Fujimori que por necesidades de política económica. Fujimori pudo realizar el autogolpe aprovechando el apoyo popular a la estabilización y a la reducción de la amenaza terrorista, no como un requisito de ambos procesos. Un aspecto sutil es que más importante que las normas constitucionales escritas es el apoyo de la opinión pública a dichas normas. Como discutimos en nuestro análisis de la estabilización peruana con Marco Vega[3], el caso peruano sugiere un proceso de aprendizaje social. La credibilidad de la estabilización de los años 90 puede vincularse en última instancia a cambios en la opinión pública que incentivaron a los políticos para comportarse de manera responsable. Tanto la independencia del banco central como la prudencia fiscal que han caracterizado a Perú desde entonces se apoyan en última instancia en la opinión pública más que en normas legales o constitucionales.
Si tuviera que resumir las lecciones del caso peruano para Argentina en dos palabras, diría que son persuasión y compromiso. Para que la estabilización sea políticamente viable, el gobierno debe persuadir a amplios sectores de la opinión pública, incluso a aquellos que votaron en contra, de que su plan es preferible frente a las desastrosas circunstancias actuales y las alternativas disponibles. Anunciar reformas no solo sean radicales sino también amplias puede facilitar ese proceso, ya que los grupos afectados por algunas reformas pueden anticipar compensaciones a través de los beneficios generales de otras reformas en la economía[4]. Para asegurar una estabilización duradera, es esencial implementar reformas que dificulten su reversión. En el Perú, la privatización de empresas estatales y el desmantelamiento del estado intervencionista jugaron un papel crucial en este aspecto. Por último, es fundamental que sectores mayoritarios perciban que tienen más que ganar en un sistema de economía de mercado libre que bajo el viejo régimen de intervencionismo y generación arbitraria de rentas generadas por parte del estado.
[1] “What Javier Milei could learn from Peru’s economic successes” The Economist, Febrero 22 de 2024.
[2] Este es el punto elaborado en mi artículo con Mariano Tommasi, “Sequencing of economic reforms in the presence of political constraints”, Economics & Politics (1997).
[3] César Martinelli y Marco Vega, The Case of Peru, en A Monetary and Fiscal History of Latin America, 1960-2017 (Tim Kehoe y Juan Pablo Nicolini, eds.), University of Minnesota Press, 2021.
[4] Ver Alex Cukierman y Mariano Tommasi, “When does it take a Nixon to go to China?”, American Economic Review (1998).
Agradezco a Nicolás Cachanosky y Emilio Ocampo la invitación a escribir sobre este tema, y comentarios y sugerencias de Emilio Ocampo. Mi punto de vista aquí debe mucho a investigación conjunta y conversaciones con Marco Vega y con Mariano Tommasi.
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