La Madre de Todas Las Batallas

Sin un cambio de sistema, no hay régimen de política económica que pueda estabilizar la economía argentina.

La reciente controversia en torno a la licitación de tubos para un proyecto de exportación de gas en Vaca Muerta —en la que una empresa extranjera resultó adjudicataria desplazando a Techint— ha dejado al descubierto el problema estructural que le impide a la Argentina progresar.

Persiste una confusión en el debate sobre cómo “cambiar la Argentina”. Es la creencia de que nuestros males se curan simplemente con la adopción de políticas “sensatas”. Con un duro ajuste fiscal y una política monetaria ortodoxa, la economía encontrará finalmente su cauce. Esta creencia ignora un dato irrefutable: en más de cuatro décadas de democracia, excepto durante la convertibilidad, ningún gobierno ha logrado reducir la inflación de manera duradera. Esto no se debe a la impericia técnica de sucesivos ministros de Economía y presidentes del BCRA, sino a la existencia de un sistema económico incompatible con políticas sensatas.

Para aclarar el debate conviene introducir una distinción clave. Un régimen de política económica es un conjunto de instrumentos de política fiscal, monetaria, cambiaria y regulatoria. Refleja las prioridades de un gobierno y, por ende, en democracia, es transitorio. En contraste, un sistema económico es un entramado semi-permanente de reglas formales e informales, incentivos y relaciones de poder que organizan la producción, la distribución y el consumo.

Desde 1943, la Argentina opera bajo un sistema corporatista-proteccionista sin parangón en el mundo. Este sistema no es eficiente en el sentido de una asignación óptima de los recursos de la sociedad, pero sí es eficiente para quienes lo sostienen. Por eso sobrevive. De inspiración mussoliniana, no tiene a la productividad y la eficiencia como principios de organización, sino al poder relativo de sectores dominantes. Por errores de implementación, en su fase inicial estuvo dominado por el poder sindical. Con el tiempo incorporó al capital privado —tanto al establishment local como a multinacionales— sin abandonar su lógica fundacional.

Hasta los setenta este sistema alternó entre su versión populista, orientada a satisfacer el consumo urbano, y su versión autocrática-tecnocrática, que promovía la inversión y las exportaciones industriales. La primera era económicamente inviable; la segunda resultó políticamente inviable. El Rodrigazo fue su primera crisis existencial. Desde diciembre de 1983, los gobiernos democráticos han intentado reformarlo sin éxito, cambiando el régimen de política económica.

Cambiar de régimen sin cambiar el sistema es como cambiarle el aceite a un motor fundido. Siguiendo con la analogía automovilística, el aceite que lubrica la maquinaria del sistema corporatista-proteccionista argentino es el peso. Sin una moneda débil y manipulable, esa maquinaria dejaría de funcionar. Emitir, licuar, devaluar y redistribuir discrecionalmente los ingresos vía inflación es parte de su lógica interna. Una tasa de inflación alta, volátil y persistente es un rasgo estructural.

El combustible que ha permitido que esta maquinaria funcione a pesar de su ineficiencia económica han sido los dólares que genera el sector agropecuario. Y las fases alcistas del ciclo de los commodities agrícolas le dieron sustento económico y político a su variante populista.

En una economía normal, la estabilidad monetaria es condición necesaria para invertir. Sin ella, los empresarios no pueden estimar la tasa de rentabilidad de sus inversiones, evaluar riesgos ni planificar a largo plazo. Bajo el sistema corporatista-proteccionista, esto no es un problema. La rentabilidad no se estima: se asegura mediante tipos de cambio preferenciales, ventajas impositivas, protección arancelaria o barreras regulatorias. Esto tiene un efecto perverso. En vez de mejorar la productividad, a los empresarios les resulta más rentable aceitar sus contactos con el gobierno de turno.

La inestabilidad, lejos de debilitar al sistema corporatista-proteccionista, lo fortalece. En un contexto inflacionario y volátil, los sectores privilegiados prosperan. Por eso, cada intento de estabilización y reforma enfrenta resistencias abiertas o solapadas.

El caso Welspun pone en blanco y negro la encrucijada ante la que se encuentra la Argentina. Se intenta calificar la decisión de una empresa privada, tomada siguiendo elementales criterios de rentabilidad, como un ataque a la “industria nacional”, cuando en realidad expone los sobrecostos y la ineficiencia del sistema imperante. Es, básicamente, la reacción defensiva de sus beneficiarios, que se sienten amenazados por las políticas iniciadas por el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023.

Como lo demuestra la historia, reformar el sistema corporatista-proteccionista es un enorme desafío. Además de la convicción de quienes conducen el gobierno, requiere tiempo, consistencia y respaldo político sostenido. En la Argentina, el desafío se agrava por un calendario electoral que obliga a revalidar el rumbo cada 24 meses. Pretender completar una reforma sistémica profunda y creíble en un solo mandato presidencial es desconocer la historia y la política.

¿Cómo escapar de esta trampa? Según una creencia extendida, primero hay que hacer las reformas estructurales y luego estabilizar. La historia argentina demuestra lo contrario: sin estabilidad monetaria, las reformas no se perciben como duraderas e irreversibles y sus efectos no se manifiestan plenamente en los 24 meses que transcurren entre cada elección. Nada de lo que hizo Menem hasta marzo de 1991 —privatizaciones, ajuste fiscal, desregulación— permitió estabilizar la economía. La convertibilidad del peso potenció el impacto de las reformas estructurales. Su colapso a fines de 2001 fue una demostración de fuerza de los beneficiarios del sistema. La megadevaluación del peso fue el cambio de aceite necesario para revivir su maquinaria. Para desgracia de los argentinos, el destino ayudó con el ciclo alcista de los commodities agrícolas más largo de la historia, que fue el combustible que le permitió funcionar a pesar de su ineficiencia. No es casual que desde 2012 la economía argentina no crezca: fue entonces cuando los precios iniciaron su larga declinación.

Por eso insisto desde hace años en que el orden de las reformas altera el producto. Sin estabilidad monetaria, no hay cambio de sistema posible. De esto se deriva otra conclusión incómoda pero ineludible: mientras sobreviva el peso, ningún régimen de política económica logrará estabilizar definitivamente a la Argentina. Ergo, sobrevivirá el sistema corporatista-proteccionista y seguiremos entrampados en nuestros ciclos de ilusión y desencanto. La reforma de este sistema es la madre de todas las batallas.